ICE podrá deportar a migrantes a terceros países con solo 6 horas de aviso
Un memorando interno revela cambios drásticos en la política migratoria de Estados Unidos; activistas alertan sobre riesgos de derechos humanos

Una nueva política del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha generado preocupación internacional y fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos. El documento, emitido el 9 de julio por el director interino del ICE, Todd Lyons, permite deportaciones a terceros países con tan solo seis horas de aviso, en casos considerados “circunstancias apremiantes”.
La norma indica que, aunque por regla general se dará un mínimo de 24 horas entre el aviso de expulsión y el traslado, esta espera puede reducirse significativamente si la persona ya tuvo acceso a un abogado y no se requiere mayor revisión legal.

Deportaciones exprés con nuevo respaldo legal
La medida se produce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara en junio una restricción judicial que limitaba este tipo de deportaciones sin evaluar posibles riesgos de persecución o tortura en el país de destino. Esto ha permitido que la actual administración retome y acelere estas prácticas, ahora con respaldo legal.
En días recientes, el gobierno de Donald Trump deportó a ocho migrantes originarios de Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam, enviándolos a Sudán del Sur, una nación a la que ninguno de ellos pertenece.
El memorando señala que los migrantes pueden ser enviados a cualquier “tercer país” que prometa no perseguir ni torturar al deportado, sin necesidad de procesos migratorios adicionales.
Acuerdos con países africanos y presión diplomática
Según reportes de Reuters, la administración Trump ha ejercido presión diplomática sobre gobiernos africanos —como Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania y Gabón— para que acepten migrantes deportados de otras partes del mundo, sin importar su nacionalidad de origen.
Este mecanismo se conoce como “deportación a terceros países”, y si bien ya se aplicaba en casos excepcionales desde 2017, el nuevo memorando indica que su uso podría generalizarse.
Críticas por violaciones al debido proceso
Organizaciones de derechos civiles, como la National Immigration Litigation Alliance, han calificado la política como “peligrosa y cruel”. Según la abogada Trina Realmuto, esta herramienta “no ofrece las garantías legales mínimas ni protege el debido proceso que exige la ley”.
Además, múltiples voces alertan que los deportados podrían terminar en países donde no hablan el idioma, no tienen vínculos familiares, laborales ni culturales, o incluso corren riesgo de ser víctimas de violencia.
Un contexto de deportaciones masivas
Durante su primera presidencia (2017–2021), Trump ya había probado esta medida en pequeña escala, deportando a ciudadanos de El Salvador y Honduras hacia Guatemala. Ahora, en su segundo mandato, el objetivo es aumentar las deportaciones a niveles récord.
Por su parte, el gobierno de Joe Biden había apostado por acuerdos con México para recibir migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero no recurrió con la misma intensidad a los “terceros países”.
El memorando de ICE fue revelado públicamente como parte de un juicio en curso por la deportación de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland que fue enviado a El Salvador sin haber agotado sus recursos legales.
