Juez suspende orden de aprehensión contra Bermúdez Requena
El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra. Es señalado por supuestos vínculos con el crimen organizado y buscado por Interpol en más de 190 países.
TABASCO.- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que pesa en su contra, tras recurrir a un amparo indirecto ante un juez federal. Bermúdez ha sido señalado por supuestos vínculos con “La Barredora”, una célula delictiva que opera presuntamente al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El recurso fue promovido ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Baja California, con sede en Tijuana, a cargo del juez Alfonso Javier Flores Padilla, quien le otorgó la medida cautelar con la condición de cubrir una garantía económica de 16 mil pesos.
Interpol lo busca en más de 190 países
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una ficha roja para localizar a Bermúdez Requena, quien abandonó México el 26 de enero de este año. La medida responde a una solicitud formal de las autoridades mexicanas, que buscan su captura internacional debido a los presuntos vínculos del exfuncionario con estructuras criminales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la ficha roja está vigente y activa en más de 190 países. Esto significa que cualquier nación en la que sea localizado puede proceder a su detención con fines de extradición.
Audiencia clave: 1 de agosto
El juez Flores Padilla fijó la audiencia incidental para el próximo 1 de agosto, fecha en la que decidirá si concede o no la suspensión definitiva. El magistrado explicó que aún está a la espera de los informes de las autoridades responsables señaladas en el recurso legal, antes de emitir una resolución final.
Mientras tanto, Bermúdez se mantiene protegido temporalmente por el amparo y fuera del país, lo que ha generado críticas en diversos sectores sobre la eficacia del sistema judicial para llevar ante la justicia a exfuncionarios acusados de colusión con el crimen organizado.
