Ley Alito: Campeche aprueba en “Fast track” polémica Ley de Expropiación
La reforma a la Ley de Expropiaciones, rebautizada popularmente como “Ley Alito”, otorga más poder al Estado y generó fuertes reclamos de la oposición, incluido Alejandro Moreno.
El Congreso de Campeche aprobó el pasado jueves 4 de septiembre la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, rebautizada popularmente como “Ley Alito”, con 18 votos a favor y 13 en contra.
La iniciativa impulsada por la gobernadora Layda Sansores generó una ola de críticas de la oposición, que denunció vulneraciones a los derechos de propiedad privada y alertó sobre un posible uso político de las expropiaciones.
¿En qué consiste la ‘Ley Alito’?
La reforma actualiza una norma vigente desde 1981 y busca alinearla con criterios federales en materia de infraestructura, vivienda social y crecimiento urbano. Sin embargo, introduce cambios que han generado polémica:
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El gobierno estatal podrá declarar un predio de utilidad pública y expropiarlo en un plazo breve.
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Los propietarios tendrán solo cinco días hábiles para responder a la notificación inicial.
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Se elimina la posibilidad de interponer recursos administrativos; la única defensa es el juicio de amparo.
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La indemnización podrá pagarse en abonos durante diez años, en contraste con los 45 días que establece la ley federal.
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El avalúo se fijará con base en la última transacción, sin considerar plusvalía ni mejoras.
¿Por qué se le llama ‘Ley Alito’?
Aunque el mote fue retomado por la oposición como crítica, el apodo nació en el propio bloque oficialista. El diputado de Morena, Carlos Ucán, vinculó la reforma con el dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno, a quien acusó de haber adquirido terrenos a precios irrisorios.
Según el legislador, algunos predios fueron comprados a 30 centavos el metro cuadrado y posteriormente utilizados para construir una residencia valuada en más de 300 millones de pesos. La nueva ley permitiría al Estado expropiar esos terrenos al mismo precio de adquisición.
La postura de Layda Sansores y la oposición
La gobernadora Layda Sansores defendió la reforma como una herramienta legal para detonar el desarrollo económico en zonas estratégicas. Aseguró que las expropiaciones no serán arbitrarias, sino basadas en criterios técnicos y sociales.
Por su parte, Alejandro Moreno criticó la medida con dureza:
“Esa ley grotesca es el rostro autoritario de Morena. Intenta intimidar a los ciudadanos y expropiar sus casas, como en Venezuela”.
El priista también acusó que la aprobación se realizó mediante un proceso exprés, sin consulta pública y en apenas ocho días desde su presentación.
