Sheinbaum envía “plan B” al Senado: va por recorte de 4 mil mdp
La iniciativa presidencial busca reducir gastos en congresos y ayuntamientos, además de topar salarios de magistrados y consejeros electorales.
En un movimiento estratégico para consolidar la política de ahorro del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes ante el Senado de la República una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional. El documento, entregado por Juan Ramiro Robledo —titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación— a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, plantea modificaciones críticas a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución.
El objetivo central es el uso eficiente del gasto público. Entre los puntos más disruptivos destaca que el Senado deberá reducir su presupuesto en un 15% para el próximo año. Asimismo, se impone un tope estricto a los Congresos locales, cuyo presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su entidad federativa, buscando liberar recursos para obras de infraestructura en beneficio de la población.
Freno a la reelección y combate al nepotismo
La reforma enviada por Sheinbaum ataca directamente la continuidad en los cargos legislativos estatales. El texto plantea la prohibición de la reelección de diputados locales para el periodo inmediato posterior. Además, introduce una cláusula de hierro contra el nepotismo: se prohíbe que cualquier persona con vínculos de matrimonio, concubinato o parentesco (hasta cuarto grado) con quien ejerce la diputación pueda participar en la elección para el mismo cargo en los tres años siguientes.
En el ámbito municipal, la propuesta busca rediseñar la integración de regidurías, limitando la composición de los ayuntamientos a una sindicatura y un máximo de 15 regidores. Según el proyecto, esto evitará que la representación democrática “se pervierta por criterios de utilidad o renta política” o beneficios personales.
Revocación de mandato y ajuste salarial en el INE
Un eje fundamental de la reforma es la regulación de la revocación de mandato. La iniciativa propone que este ejercicio para el titular del Ejecutivo federal se realice en una sola ocasión, ya sea en 2026 o 2027. Un cambio polémico es que se busca permitir que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición del uso de recursos públicos y tiempos oficiales para propaganda.
Finalmente, la reforma establece un “techo de cristal” para las remuneraciones en el sector electoral. Los salarios de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de magistrados y titulares de áreas técnicas de tribunales locales, no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 constitucional. Además, se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales con recursos públicos, bajo la premisa de que “los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan”.
