Morena: Extradición de Rocha “vulnera” el Estado de derecho
El partido oficialista acusa a EE. UU. de violar tratados internacionales y el debido proceso al solicitar la entrega del gobernador de Sinaloa sin presentar pruebas

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha lanzado una fuerte ofensiva diplomática y mediática contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de “vulnerar” el Estado de derecho mexicano y los tratados internacionales binacionales. En un comunicado oficial, el partido en el poder calificó como “preocupante” que el Departamento de Justicia solicite una extradición sin aportar, según su postura, elementos de prueba que sustenten los cargos.
Para la dirigencia morenista, este procedimiento no solo ignora los principios del debido proceso, sino que la forma en que la Embajada de Estados Unidos comunicó la petición “viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales”, fracturando la confianza necesaria para la cooperación binacional.
La dirigencia encabezada por Luisa María Alcalde —quien concluirá su gestión este domingo 3 de mayo— reafirmó su respaldo a la actuación institucional del Gobierno de México. Morena subrayó su confianza plena en la Fiscalía General de la República (FGR) como el único organismo facultado para determinar la viabilidad jurídica de la petición estadounidense.
El CEN de Morena subrayó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, la solicitud será analizada minuciosamente por la FGR para verificar si existen los elementos necesarios para proceder contra el gobernador de Sinaloa y los demás funcionarios implicados. El partido fue enfático al declarar que cualquier decisión final se tomará en estricto “apego a derecho y en defensa de la soberanía nacional”.
La crisis surge tras la desclasificación de un expediente en una corte federal de Nueva York, donde se vincula a una red de funcionarios sinaloenses con presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. Según la justicia estadounidense, estos servidores públicos habrían facilitado una protección institucional para operaciones del Cártel de Sinaloa.
Entre los perfiles de alto nivel señalados en la solicitud de extradición se encuentran:
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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
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Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
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Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán.
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Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública del estado.
