Sheinbaum sobre Rocha Moya: “No vamos a defender a nadie”
La presidenta condiciona cualquier proceso contra el exgobernador a la entrega de evidencias por parte de EE. UU. y defiende el Estado de derecho.
En un mensaje directo que busca desvincular a su administración de sospechas de encubrimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó categóricamente que su gobierno no otorgará impunidad a ningún funcionario, sin importar su filiación política.
“Siempre hemos dicho: ‘Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito’”, sentenció la mandataria.
Para respaldar su postura, Sheinbaum reveló que durante su gestión se ha procedido legalmente contra 50 presidentes municipales emanados de Morena, quienes fueron detenidos una vez que se integraron los expedientes y la documentación probatoria correspondiente. Entre estos casos destaca la detención, el pasado 5 de febrero, de Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, acusado de delincuencia organizada y secuestro agravado.
El factor Washington y la exigencia de pruebas a Estados Unidos
El núcleo de la controversia sigue siendo la situación jurídica de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La presidenta insistió en que, para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda con una detención o acepte una solicitud de extradición por parte de las autoridades norteamericanas, es indispensable que el gobierno de Estados Unidos entregue las evidencias necesarias.
“Lo que estamos defendiendo es la ley, el Estado de derecho. Si hay evidencia que sea suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder. Ahora, si no hay evidencia, pues no se procede aunque lo pida Estados Unidos”, argumentó la jefa del Ejecutivo.
Asimismo, recordó que en términos de reciprocidad internacional, Washington frecuentemente niega extradiciones solicitadas por México bajo el argumento de que “no mandan suficientes pruebas”.
El alcance de la investigación contra el exmandatario de Sinaloa
La presión bilateral sobre el caso radica en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abierta una investigación formal en contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses. Las indagatorias norteamericanas señalan presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Debido a la gravedad de los cargos federales, que incluyen narcotráfico y uso de armas exclusivas, el político morenista podría enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense si el proceso avanza.
