Diputados aprueban en lo general mover la elección judicial a 2028

En un movimiento estratégico que redefine el cronograma de la llamada “Cuarta Transformación”, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial del año 2027 al primer domingo de junio de 2028.

Con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, el bloque oficialista —integrado por Morena, PVEM y PT— alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El aval en el pleno se dio tras una intensa jornada en la Comisión de Puntos Constitucionales y la convocatoria de la Comisión Permanente a un periodo extraordinario. Mientras la discusión en lo particular de los artículos reservados continúa este miércoles 27 de mayo a las 9:00 de la mañana, el tablero político ya muestra las fisuras y las nuevas directrices del Estado mexicano.

El nuevo calendario y las reglas del Poder Judicial de la Federación

El eje central de esta reforma al Poder Judicial es evitar el colapso organizativo al separar los comicios de jueces y magistrados de los procesos electorales intermedios de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. Sin embargo, la modificación va más allá del calendario y redefine el método de selección judicial.

A través de esta iniciativa, se crea una Comisión Coordinadora diseñada para homologar los criterios y metodologías de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles aspirantes. Este nuevo filtro institucional incluirá exámenes de conocimiento exhaustivos para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales.

Asimismo, la reforma implementa los siguientes cambios estructurales:

• Reducción de candidaturas: Cada comité seleccionará a los cuatro perfiles mejor evaluados por cargo bajo el principio de paridad de género. Posteriormente, mediante el método de insaculación, se reducirá a solo dos postulaciones por cargo en la boleta final.

• Reconfiguración de la Suprema Corte: Se establece la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una figura jurídica que sustituye a las salas eliminadas en la reforma de 2024 y que busca aliviar de manera urgente la carga de trabajo del pleno.

• Ampliación de plazos magistrales: Los periodos de cuatro integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral (Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez) se ampliarán un año. En contraste, los magistrados que resulten electos en 2028 durarán cinco años en su encargo, reduciendo el periodo de seis años previsto originalmente.

• Coincidencia política: La enmienda elimina la prohibición vigente para que los procesos de voto popular judicial coincidan el mismo día con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial.

Debate en San Lázaro: Acusaciones de control y “Corte del acordeón”

La sesión, que se extendió por más de siete horas tras iniciar minutos antes de las 18:00 horas, se convirtió en un reflejo de la polarización que vive el Congreso de la Unión. La oposición centró sus argumentos en los riesgos democráticos y la falta de soluciones de fondo a la impunidad.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, intentó frenar el dictamen mediante una moción suspensiva, calificando la propuesta como “tramposa, contradictoria y peligrosa para la democracia”. Con un acordeón en la mano —en alusión directa a lo que la oposición denomina la “Corte del acordeón”—, Moreira advirtió que la enmienda no busca mejorar la impartición de justicia sino controlar el Poder Judicial.

Por su parte, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, ironizó que el oficialismo intenta recomponer los cambios constitucionales que, desde su perspectiva, “destruyeron al Poder Judicial”, argumentando que la elección por voto popular deja en la indefensión jurídica a la ciudadanía. Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu criticó que la propuesta ignora temas de fondo como la nominación de candidaturas por órganos políticos, mientras que Irais Virginia Reyes De la Torre sentenció que, a dos años de la reforma original, la impunidad en la procuración de justicia sigue intacta.

El punto más álgido del debate ocurrió cuando el priista Carlos Gutiérrez Mancilla vinculó desde la tribuna al morenista Leonel Godoy con el asesinato del alcalde Carlos Manzo. La grave acusación provocó la toma inmediata de la tribuna por legisladores de Morena, obligando a la presidenta del Congreso, Kenia López Rabadán, a declarar un receso. Tras reanudarse la sesión, Ricardo Monreal expresó su solidaridad con Godoy y llamó a mantener un debate “firme pero respetuoso”.

En el plano interno del oficialismo, la disciplina partidista se mantuvo casi intacta: la exministra Olga Sánchez Cordero respaldó el dictamen final a pesar de sus reservas iniciales, siendo la diputada del PT, Martha Aracely Cruz, la única voz disidente del bloque al votar en contra.

Blindaje electoral: Nulidad por injerencia extranjera

De manera paralela, la Cámara de Diputados aprobó en lo general otra reforma de alto impacto impulsada por Ricardo Monreal. Esta modificación al artículo 41 de la Constitución Federal incorpora formalmente la injerencia extranjera como una causal explícita de nulidad de elecciones.

“La nulidad procederá cuando la conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado de los comicios.”

El dictamen tipifica como injerencia extranjera las siguientes conductas de gobiernos, organismos o actores externos:

1. Financiamiento ilícito y propaganda transnacional.

2. Difusión sistemática de desinformación y manipulación digital.

3. Actos de presión política, económica, diplomática o mediática destinados a alterar la voluntad popular.

Con este paquete de reformas, el panorama político mexicano entra en una fase de reconfiguración legal profunda. Se prevé que este miércoles el pleno de San Lázaro culmine la votación en lo particular y proceda a discutir las modificaciones a la ley secundaria de medios de impugnación, así como la reforma sobre integridad de candidaturas para blindar los procesos electorales frente al crimen organizado.