Senado avala con “fast track” reforma para que INE verifique candidatos

En una sesión nocturna que alteró de forma drástica los tiempos parlamentarios tradicionales, el pleno del Senado de la República aprobó mediante un inusual proceso de fast track la reforma legal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen, que modifica de raíz la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), mandata la creación de una instancia especializada dedicada a evaluar de manera preventiva si los postulantes a cargos públicos guardan nexos con la delincuencia organizada o el narcotráfico en México.

La aprobación se consolidó en menos de una hora tras un movimiento de ingeniería parlamentaria. Originalmente, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera habían convocado a una sesión matutina este viernes para desahogar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, cerca de las 03:00 de la madrugada, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, propuso retirar el turno a dichas comisiones para someter el dictamen de la Cámara de Diputados a votación inmediata en el pleno, dispensando el análisis en comisiones.

La maniobra técnica fue respaldada por la mayoría oficialista de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sumando en lo general 85 votos a favor frente a 40 votos en contra del bloque integrado por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Tras una votación en lo particular que cerró con 84 votos a favor y 41 en contra, el decreto fue turnado formalmente al Ejecutivo federal para su pronta promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

La arquitectura de la Comisión de Verificación de Integridad

El decreto constitucional da vida a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, una estructura permanente dentro del árbitro electoral que tendrá por objeto recibir los listados de las personas que pretendan postularse a cargos de elección popular, tanto del ámbito federal como local, incluyendo a las candidaturas independientes.

Los ejes técnicos que regirán a este nuevo órgano de control electoral contemplan los siguientes parámetros:

• Composición interna: Estará integrada de forma estricta por cinco consejeros electorales del INE.

• Renovación y presidencia: El cuerpo colegiado se renovará cada tres años, mientras que su presidencia operará bajo un modelo rotativo de designación anual entre sus propios miembros.

• Cooperación de seguridad: Para el despliegue del mecanismo preventivo de análisis de riesgo, la comisión establecerá canales de coordinación directa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El carácter voluntario: ¿Mecanismo preventivo o herramienta de estigmatización?

Pese al andamiaje de inteligencia que involucra la reforma, la evaluación de riesgo posee una particularidad técnico-jurídica: será de carácter estrictamente voluntario para los partidos políticos y los aspirantes independientes. Al no constituir un requisito vinculante o mandatorio para la procedencia del registro de candidaturas, el dictamen operará únicamente bajo un esquema informativo que proveerá elementos técnicos para que los institutos políticos determinen de manera interna si postulan o no a los perfiles evaluados.

Esta naturaleza opcional encendió las alertas de la oposición en la tribuna del Senado. El legislador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, denunció que el diseño del dictamen constituye un “doble juego muy peligroso” que abre las puertas al uso discrecional de las instituciones del Estado.

“Todos sabemos que eso es una doble trampa, es un doble juego muy peligroso: si un partido decide no someter sus listas a esta revisión, el oficialismo los va señalar y a estigmatizar públicamente acusándolo de encubrir delincuentes; pero si un partido decide participar se somete a un sistema discrecional, sin reglas claras y sin debido proceso”, planteó el senador emecista.

Camarillo advirtió además que el marco normativo faculta al gobierno federal para utilizar a la UIF y al CNI como herramientas de control político: “Van a poder vetar candidaturas incómodas usando información reservada sin necesidad de presentar pruebas reales ante un juez, esto no es justicia, esto se llama persecución política”, subrayó.

El choque institucional: El rotundo rechazo de Guadalupe Taddei

La aprobación del fast track en la Cámara Alta se consumó ignorando las advertencias institucionales de la propia cabeza del órgano electoral. Días antes, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fijó una postura institucional de firme rechazo frente a la iniciativa presidencial, argumentando que la validación de perfiles criminales desvirtúa las facultades constitucionales del instituto.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó de manera categórica Taddei Zavala el pasado 25 de mayo.

Con la reforma aprobada y enviada al Ejecutivo, el Estado mexicano entra en una inédita zona de tensión institucional, donde el árbitro electoral se verá obligado a implementar una oficina de análisis criminal contra la voluntad de su propia pre