Cuba acusa a Marco Rubio de endurecer el cerco de Estados Unidos
El canciller Bruno Rodríguez reacciona con dureza a las sanciones contra la petrolera estatal Cupet y denuncia un bloqueo energético impulsado por Washington.
El gobierno de Cuba acusó formalmente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de “reforzar aún más” el cerco económico y energético contra la isla caribeña utilizando lo que calificó como “mentiras usuales y vulgares”.
La enérgica reacción fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, luego de confirmarse una penalización directa contra la empresa estatal Cupet (Unión Cuba-Petróleo), corporación bandera dedicada de forma exclusiva a la extracción, refinamiento y producción de petróleo en el territorio insular. De acuerdo con los argumentos emitidos por la Casa Blanca, la ofensiva jurídica se justifica debido a que la compañía petrolera opera activos clave que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses” durante los albores de la Revolución Cubana.
El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra #Cuba.
Para justificarlo,… pic.twitter.com/T0Ti7tzJr8
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 11, 2026
El cerco energético y la inclusión de Cupet en la lista de la OFAC
A través de un manifiesto difundido en sus canales digitales, el canciller cubano denunció que “el secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba”. Rodríguez añadió de forma categórica que, para justificar la medida, el funcionario norteamericano “no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”.
A las protestas de La Habana se sumó el vice primer ministro y responsable de la cartera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, quien sentenció que con esta acción la administración estadounidense “profundiza el cerco energético y con ello el genocidio que comete contra el pueblo cubano”. La corporación Cupet fue incluida en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro), un listado restrictivo que congela bienes y prohíbe transacciones financieras, ensanchando la relación de entidades gubernamentales y altos cargos cubanos sancionados por la Unión Americana, en la cual figura el propio presidente Miguel Díaz-Canel.
La postura de Washington: Combate a la “cleptocracia” del régimen
Desde la perspectiva de la diplomacia estadounidense, las sanciones responden a una estrategia de asfixia financiera para frenar los abusos de la cúpula gobernante. Marco Rubio declaró de manera frontal que “al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio”.
Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit.
For decades, the regime has stolen and hoarded available…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026
El secretario de Estado norteamericano sostuvo que los líderes comunistas de la isla “han desviado recursos energéticos para enriquecerse” mediante esquemas ilícitos como la reventa de barriles de crudo en mercados internacionales y el acaparamiento de suministros estratégicos destinados prioritariamente a sostener a las fuerzas militares, de inteligencia y las corporaciones represivas del Estado cubano, debilitando el acceso a los servicios básicos de la población civil.
El caso Vanguard Energy y la campaña de máxima presión de Trump
El trasfondo comercial de la sanción está estrechamente ligado a las operaciones de la firma Vanguard Energy, una compañía de capital estadounidense basada en Coral Gables, Florida. Reportes de medios internacionales como Bloomberg y el Miami Herald revelaron que la empresa privada mantenía negociaciones “avanzadas” con la estatal cubana para arrendar instalaciones de almacenamiento de combustible propiedad de Cupet. El plan logístico contemplaba el envío de 100 mil barriles de gasolina y 150 mil de diésel a Cuba “cada mes o 40 días”, un volumen crítico diseñado para cubrir de forma estimada 11 días de la demanda energética total de la isla.
Sin embargo, el Departamento de Estado norteamericano cortó de tajo las aspiraciones comerciales al negar de forma rotunda haber concedido una licencia especial que esquivara el bloqueo a la llegada de petróleo, una política restrictiva implementada con firmeza por el presidente estadounidense, Donald Trump. Como consecuencia inmediata del escándalo político, el Condado de Miami-Dade revocó fulminantemente la licencia fiscal local de Vanguard Energy por sus “envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana”.
Este endurecimiento se alinea con el decreto presidencial emitido por la administración de Trump, el cual faculta la imposición de sanciones severas contra entidades extranjeras que operen en los sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros de la isla. Bajo esta campaña de máxima presión encaminada a forzar un cambio político y económico, el mandatario republicano reiteró su advertencia a todas las corporaciones internacionales: quienes mantengan vínculos comerciales con el gobierno cubano o su conglomerado empresarial militar, Gaesa, se exponen de forma irrevocable al bloqueo total de sus activos dentro del sistema financiero de los Estados Unidos.
