Rosa Icela Rodríguez ofrece disculpas a colectivos tras señalar financiamiento para manifestarse en la CdMx
Rosa Icela Rodríguez se retractó tras sus dichos sobre la marcha de las buscadoras. La Segob y la FGR presentaron una nueva estrategia de identificación forense en Villahermosa.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública formal ante los colectivos de búsqueda y las familias de personas desaparecidas concentradas en el estado de Tabasco, retractándose de manera directa por sus polémicas declaraciones previas respecto al financiamiento y traslado de manifestantes desde el estado de Jalisco hacia la Ciudad de México al inicio del Mundial.
De acuerdo con la relatoría oficial del encuentro celebrado el pasado 2 de julio, la titular de la Segob precisó que sus comentarios originales sobre las movilizaciones del 11 de junio, pretendían exponer una presunta intromisión de un funcionario local jalisciense y no criminalizar el activismo civil. La funcionaria argumentó que la información procedía de las propias familias buscadoras, quienes habrían manifestado extrañeza ante ofertas inusuales de transporte; no obstante, priorizó la conciliación política desde el estrado:
“Pero si ofendí a nadie, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención”
La encargada de la política interior del país sostuvo que su único objetivo era visibilizar “por qué hay un tema entre gobiernos”, deslindando por completo a las organizaciones civiles de cualquier disputa presupuestal o partidista, y reiterando el respeto irrestricto del Gobierno de México hacia las jornadas diarias de las buscadoras.
Coordinación de la FGR y el panorama crítico del sureste
La cumbre, celebrada en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 en Villahermosa, funcionó como un nodo de contención y estrategia para el bloque del sureste mexicano. La mesa de diálogo estuvo coencabezada por la titular de la Fiscalía General de República (FGR), Ernestina Godoy, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, logrando congregar a comisiones oficiales, fiscalías locales y activistas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y la entidad anfitriona.
La presencia de Ernestina Godoy blindó el carácter técnico del evento. La fiscal general reconoció abiertamente que la desaparición de personas constituye uno de los desafíos estructurales más complejos y sensibles de la agenda pública, legitimando la urgencia de establecer canales de comunicación directos con las víctimas indirectas. En el plano local, el reto es mayúsculo: la administración de Tabasco admitió que la cifra oficial de personas desaparecidas en territorio tabasqueño ya supera las 3 mil 900 víctimas, un indicador que obliga al rediseño institucional y a la creación de espacios de diálogo de carácter permanente.
Despliegue forense y la operación de colectivos en campo
Para dar respuesta sustancial a las exigencias de las familias, las dependencias de seguridad presentaron el andamiaje tecnológico y normativo con el que se pretende agilizar la localización de las víctimas en el mediano plazo:
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La Nueva Estrategia de Identificación humana.
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La actualización del Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas.
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Los diagnósticos operativos de capacidades forenses estatales.
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La integración de expedientes en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Este paquete de medidas complementa la reciente instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tabasco. El gobernador Javier May enumeró las acciones de campo recientes, que abarcan jornadas de rastreo en municipios prioritarios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Centro, revisiones periódicas de prendas y archivos fotográficos en el Servicio Médico Forense (Semefo), así como operativos de reconocimiento en centros penitenciarios regionales.
Por su parte, agrupaciones civiles emblemáticas del sureste, como Voces que no Callan y Madres Buscadoras Jireh, mantuvieron una postura crítica durante las mesas de trabajo. Junto con la revisión de las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo, los colectivos exigieron al Estado garantías mínimas de seguridad perimetral para sus búsquedas en campo, subsidios efectivos de transporte y un respaldo institucional que trascienda los discursos políticos.
