Caso Lorenzo Salgado: Fiscalía de Houston acusa al gobierno de EU de no colaborar en investigación

El esclarecimiento del fallecimiento del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado, quien perdió la vida tras recibir impactos de bala por parte de elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ha generado un conflicto de competencias jurisdiccionales en los Estados Unidos. La Fiscalía de Houston, Texas, denunció formalmente este lunes la falta de cooperación institucional por parte del gobierno federal, señalando que la administración central ha omitido entregar información clave sobre el caso.

El fiscal encargado de la investigación independiente en el condado de Harris, Sean Teare, calificó la postura de las dependencias federales como una omisión grave durante una conferencia de prensa. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la fiscalía local se encuentra trabajando bajo un esquema de desinformación impuesto por las agencias de Washington:

“Es inaceptable. Va a ser casi una semana (desde la muerte de Salgado) y nadie a nivel estatal sabe quiénes eran los agentes, ni dónde están”

Ante el hermetismo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el condado de Harris aprobó el uso de fondos públicos para financiar una línea de investigación autónoma. El comisionado Rodney Ellis informó que las autoridades ministeriales del estado de Texas están recurriendo al rastreo de cámaras de vigilancia periféricas y al aseguramiento de declaraciones de testigos civiles para avanzar con el deslinde de responsabilidades.

Contradicciones en el informe oficial: Peritajes ponen en duda la versión del ICE

Lorenzo Salgado, de 52 años de edad y quien se encontraba radicado en EU hace más de 30 años, falleció el pasado martes en el barrio de Magnolia Park, una demarcación históricamente latina en Houston. Los hechos ocurrieron cuando el connacional se trasladaba a su jornada laboral en compañía de su hermano y dos compañeros de trabajo, momento en el que agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

El informe preliminar emitido por el DHS sostiene que los oficiales actuaron “en defensa propia” argumentando que el conductor “ignoró las instrucciones”, impactó la patrulla e intentó arrollar a uno de los elementos migratorios. Sin embargo, las indagatorias locales y legislativas han comenzado a debilitar la narrativa federal a través de tres hallazgos fundamentales:

• Inexistencia de orden de captura: La congresista Sylvia García confirmó, tras sostener una reunión con la dirección interino del ICE, que ni Lorenzo Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo desplegado en la zona.

• Trayectoria de los impactos: El asesor legal de los tripulantes, Hugo Balderas, reveló que el análisis técnico del vehículo demuestra que los disparos “entraron por los lados”, lo que desestimaría metodológicamente la hipótesis de un intento de atropello frontal contra los oficiales.

• Aislamiento de testigos de cargo: Los tres acompañantes de Salgado permanecen bajo custodia en un centro de detención migratoria; no obstante, en sus declaraciones iniciales ratificaron que la víctima en ningún momento intentó avanzar en contra de los agentes.

Crecen las alertas por el uso desproporcionado de la fuerza migratoria

La muerte de Lorenzo Salgado se suma a las estadísticas del incremento de decesos civiles vinculados a los operativos de control fronterizo en territorio estadounidense. En lo que va del año, las bitácoras policiales registran de manera oficial el fallecimiento de por lo menos seis personas debido al uso de armas de fuego por parte de autoridades migratorias en los Estados Unidos.

El uso de fuerza letal por parte de estas agencias ya ha alcanzado a ciudadanos de la Unión Americana, registrándose los decesos de Alex Pretti y Renée Good durante una movilización ejecutada en el estado de Minnesota el pasado mes de enero. Mientras la cancillería mexicana mantiene la exigencia de justicia a través de sus delegaciones consulares, la fiscalía texana continuará con las diligencias necesarias para obligar al gobierno federal a transparentar las identidades del personal involucrado.