“Aquí no volverá a haber elecciones”: Daniel Ortega sepulta la democracia en Nicaragua
El régimen sandinista advierte que no permitirá la alternancia política en el país. Con reformas a modo, el mandatario y Rosario Murillo amarran el poder absoluto.
Durante el acto masivo para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó de manera explícita cualquier aspiración o posibilidad de retorno a la democracia en la nación centroamericana, al sentenciar que no volverán a celebrarse procesos electorales que pongan en riesgo el dominio absoluto del oficialismo.
“Aquí no volverá a haber elecciones”: La sentencia de Ortega
A sus 80 años de edad, el exguerrillero que se ha mantenido al frente del ejecutivo nicaragüense desde 2007 lanzó un duro mensaje dirigido hacia la oposición en el exilio, a quienes acusó de estar “agazapados” buscando recuperar el control del país.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, enfatizó el mandatario nicaragüense de forma tajante durante su intervención.
Para blindar la permanencia de su régimen, Ortega anunció una estrecha colaboración con la Asamblea Nacional —órgano completamente subordinado al Ejecutivo— con el fin de promover leyes que funcionen como “un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias”, asegurando que “por mucha plata que le den los yanquis, no podrán” desestabilizar su mandato.
El blindaje constitucional y el poder total con Rosario Murillo
La dictadura en Nicaragua ha endurecido sustancialmente su control institucional tras la reciente implementación de una reforma profunda a la Constitución Política, la cual transformó la estructura del Estado al eliminar definitivamente la separación de poderes.
Bajo este nuevo marco normativo, ampliamente rechazado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, el régimen logró:
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Crear la figura de “copresidenta”: Oficializando la designación de su esposa, Rosario Murillo, en el mando supremo del Ejecutivo (cargo asumido formalmente desde febrero de 2025).
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Extensión de mandato: Ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años. Con este ajuste, las elecciones generales que en teoría debían celebrarse en noviembre de 2026 se postergarían hasta finales de 2027.
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Legalización de la apatridia: Despojando de la nacionalidad a opositores y críticos exiliados.
La postura internacional y el reclamo de Estados Unidos
Las declaraciones de Ortega se producen en un ambiente de severo aislamiento diplomático. Meses atrás, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó directamente a Murillo de haberse inventado la investidura de “copresidenta” sin el respaldo de las urnas ni legitimidad popular, señalando que la pareja presidencial “cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar” en un certamen libre y transparente.
La postura del régimen reafirma la consolidación de un sistema autoritario basado en la represión y la alteración constitucional, dejando sin margen de maniobra a la sociedad civil y a la oposición política de esa nación.
