El INE crea comisión para revisar a candidatos y su nexo con el crimen para 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por nueve votos a favor y dos en contra la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este nuevo órgano será el encargado de coordinar con el gabinete de seguridad federal la revisión de perfiles de los aspirantes a cargos de elección popular para las elecciones de 2027, con el objetivo de advertir sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada o el narcotráfico.

La comisión estará presidida por el consejero Arturo Chávez e integrada por las consejerías de Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Sin embargo, pese al aval de este mecanismo preventivo derivado de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, los consejeros del INE enviaron un mensaje contundente: el instituto no es una agencia de seguridad ni juzgará perfiles, por lo que la responsabilidad de los partidos políticos sobre a quiénes postulan permanece intacta.

“No podemos correr riesgos”: La postura de Guadalupe Taddei

Durante la sesión del Consejo General, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfatizó que la fiscalización de candidaturas en materia de inteligencia y seguridad excede el ámbito de competencia del árbitro electoral, marcando una postura clara frente al nivel de riesgo de quienes compitan en las boletas.

“El Instituto Nacional Electoral no determinará el nivel de riesgo, pero sí se coordinará con las instancias adecuadas para eso. (…) El Instituto Nacional Electoral no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar porque no es nuestra materia el tema de seguridad de definición de nivel de riesgo”, aseveró Taddei.

En ese mismo sentido, la consejera presidenta remarcó que la decisión de presentar a perfiles éticos y limpios ante la ciudadanía es un deber exclusivo de las fuerzas políticas:

“La responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que van a poner a consideración del pueblo mexicano para el siguiente proceso electoral; son sus riesgos, son sus decisiones, son sus voluntades, como lo es, de igual manera, la definición de sus estatutos y sus reglas de actuación internas”, precisó.

A la voz de la presidenta se sumó la consejera Carla Humphrey, quien dejó en claro que “la responsabilidad inicial es de los partidos políticos de ver a quiénes postulan”.

Dudas y tensiones: ¿Un riesgo para la imagen del INE?

Por su parte, el consejero Martín Faz externó sus dudas sobre cómo se implementará este filtro preventivo, advirtiendo que la comisión únicamente funcionará como un canal transmisor entre el gabinete de seguridad federal —instancias que conocerán la información de primera mano— y los partidos.

Faz advirtió que atribuirle esta labor al órgano electoral plantea dilemas de constitucionalidad y de percepción pública:

“El modelo genera tensiones relevantes al incorporar a la autoridad electoral dentro de esquemas de evaluación preventiva basados en información de inteligencia y seguridad, bajo estándares aún ambiguos y con estándares difíciles de conciliar con los principios de certeza, legalidad, presunción de inocencia y protección de derechos políticos electorales”, advirtió el consejero.

Asimismo, expresó su inquietud sobre el relato que pudiera construirse en torno a la institución en caso de que un perfil cuestionado logre colarse a la contienda:

“Esta incorporación del instituto a un esquema de inteligencia financiera criminal y de seguridad genera también otra preocupación: puede prestarse a que se genere una narrativa en la que la responsabilidad de que no se infiltre el crimen organizado en la política se trasladen al INE a través de tal comisión; este riesgo es serio y me preocupa”, añadió.

¿Cómo funcionará la revisión de perfiles voluntaria?

Este nuevo mecanismo, integrado como un órgano técnico permanente del INE a raíz de las reformas legales, operará mediante la consulta directa a dependencias clave de inteligencia y procuración de justicia:

• Instancias de consulta: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

• Dictamen emitido: Tras el cruce de datos, estas dependencias determinarán si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” en la candidatura analizada.

• Carácter voluntario: El proceso para someter los expedientes de las precandidaturas o candidaturas independientes será voluntario por parte de los partidos. Es decir, el resultado de la evaluación no será un requisito obligatorio para el registro, sino un insumo de carácter estrictamente informativo.

Con este marco, el proceso hacia las elecciones de 2027 arranca con un reflector especial sobre los filtros internos de los partidos políticos, en un entorno donde la transparencia electoral y la prevención del delito seguirán bajo la minuciosa lupa de la ciudadanía.