Sheinbaum ve “fines políticos” de EU en la orden de arrestro contra Raúl Castro
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la orden de aprehensión dictada en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro responde a intereses electorales de cara a los comicios en EE. UU.
Durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una clara postura diplomática frente a la reciente orden de arresto emitida en el estado de Florida contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. La mandataria mexicana aseveró que esta acción judicial responde principalmente a motivaciones políticas enmarcadas en la contienda electoral estadounidense.
Al ser cuestionada sobre la orden de aprehensión relacionada con el trágico derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, Sheinbaum restó neutralidad al movimiento de la fiscalía estadounidense.
“Pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista”, sostuvo enfática la jefa del Ejecutivo federal ante los medios de comunicación.
Intereses electorales y la búsqueda de votos en Florida
Sin profundizar en detalles técnicos del expediente judicial que involucra al exmandatario cubano de 95 años, Sheinbaum vinculó directamente el anuncio con la estrategia de los partidos políticos en Estados Unidos para atraer sectores clave del electorado hispano y conservador.
“Y los votos que quieran ganar de un lado y de otro”, acotó la presidenta, sugiriendo que la agenda judicial de Florida se utiliza como una bandera de campaña rumbo a las urnas.
El origen del caso: La acusación por el ataque aéreo de 1996
La postura del gobierno mexicano se da a menos de 24 horas de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, revelara la obtención de la orden de arresto estatal contra Raúl Castro. La justicia estadounidense lo acusa de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su rol como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al momento del ataque contra las aeronaves civiles donde murieron cuatro personas.
Esta ofensiva legal, reabierta casi tres décadas después del suceso, forma parte de un endurecimiento de las medidas impulsado desde Washington hacia el régimen de La Habana.
A pesar de la presión internacional y del expediente abierto en tribunales federales y estatales de EE. UU., la presidenta mexicana reiteró la doctrina de no intervención y cuestionó el timing político con el que se reactivan expedientes históricos en suelo norteamericano.
