Amparan a Tomás Yarrington y dejan sin efecto formal prisión
El Tribunal Colegiado de Apelación ordenó reponer el proceso tras detectar omisiones en la valoración de pruebas de descargo de la defensa del ex Gobernador de Tamaulipas
En un giro jurídico de alto impacto, un Tribunal Federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, con el cual se ordena dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por delito contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza. El fallo judicial considera que no se valoraron adecuadamente las pruebas presentadas por su equipo legal para desvirtuar las acusaciones.
La resolución, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación bajo la conducción de la magistrada Angélica Lucio Rosales, señala deficiencias en el actuar del tribunal con sede en Tamaulipas que confirmó el auto de formal prisión en octubre de 2025. Según la sentencia, la autoridad previa incurrió en omisiones graves al no analizar las documentales aportadas por el exmandatario antes de la audiencia de vista.
Omisiones en el debido proceso y defensa adecuada
La magistrada Lucio Rosales fue enfática al sostener que el tribunal responsable pasó por alto los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación. Esta falta de pronunciamiento sobre las pruebas de descargo afectó el derecho a una defensa adecuada de Yarrington, pues la autoridad tenía la obligación legal de valorar íntegramente el expediente antes de emitir un fallo.
La nueva sentencia ordena la celebración de una nueva audiencia, en la que se deberá realizar un análisis exhaustivo del conjunto probatorio para emitir una resolución debidamente fundada y motivada sobre la situación jurídica del político tamaulipeco.
Los antecedentes: Testigos protegidos y presuntos nexos
El caso penal contra Yarrington se formalizó el 16 de abril de 2025, cuando se le acusó de probable responsabilidad en el delito contra la salud, específicamente en la modalidad de colaboración al fomento para actividades del narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó gran parte de su imputación en las declaraciones de cinco testigos protegidos, incluyendo un informante de la DEA.
Entre los señalamientos más graves se encuentra el presunto financiamiento de su campaña a la gubernatura en 1998 por parte del crimen organizado. Un informante aseguró que, en junio de ese año, entregó un millón de dólares en efectivo en un evento político en Reynosa. Por su parte, la defensa ha cuestionado duramente la credibilidad de estos testimonios, argumentando que los dichos carecen de precisión sobre montos, lugares y fechas exactas.
Con este amparo, el proceso regresa a una etapa previa, dejando en el aire la culpabilidad del exmandatario hasta que se emita un nuevo pronunciamiento judicial.
