Aprueban juicio político contra Samuel García por desvío de fondos

La Comisión Anticorrupción del Congreso Local de Nuevo León resolvió avanzar de manera formal en el proceso de juicio político contra Samuel García Sepúlveda. Con una votación contundente de seis sufragios a favor y uno en contra, los legisladores de la comisión dictaminaron que la denuncia por una presunta triangulación financiera continúe su curso legal dentro del Poder Legislativo.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido, esta determinación implica que García Sepúlveda tendrá un plazo estrictamente acotado de 15 días hábiles para ofrecer su declaración en torno a los hechos que se le imputan. El jefe del Ejecutivo neoleonés podrá comparecer en persona ante la comisión, remitir su postura por escrito o delegar la comparecencia a través de un representante legal debidamente acreditado.

El expediente responde de manera directa a una denuncia formal impulsada el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, quien acudió acompañada de otros liderazgos de su partido para formalizar la acusación por presuntos actos de corrupción y el manejo irregular de fondos estatales.

La trama financiera: Mil millones de pesos bajo la lupa de la FGR

El núcleo de la controversia gira en torno a un complejo andamiaje de movilidad de capitales públicos. La investigación apunta a la supuesta triangulación de cerca de mil millones de pesos extraídos del erario hacia despachos de asesoría jurídica y contable directamente vinculados con los familiares del gobernador. Paralelamente al Congreso, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación penal basada en reportes de inteligencia financiera que señalan posibles movimientos de recursos entre diversas empresas relacionadas con la administración de Nuevo León y el despacho fundado por el mandatario.

Según la denuncia formalizada ante la fiscalía federal —cuya titularidad encabeza Ernestina Godoy— en la Ciudad de México, la acusación apunta de forma directa al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez. El documento sostiene que los recursos habrían sido extraídos originalmente de diversas áreas del Gobierno de Nuevo León y de organismos estatales a través de pagos corrientes a empresas proveedoras. Posteriormente, esos capitales habrían circulado entre un entramado de compañías privadas hasta concentrarse en las cuentas de la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde el padre del mandatario figura como socio activo.

“Por esta triangulación de pagos que ha hecho el gobernador Samuel García a través de proveedores del Gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre es socio”, declaró Anabel Alcocer tras entregar el expediente, detallando además que al menos cuatro rutas de transferencias financieras facilitaron el flujo de dinero, el cual presuntamente incluyó desvíos hacia cuentas en los Estados Unidos para dificultar su rastreo fiscal.

Ausencias de la 4T en el Congreso y la postura de Claudia Sheinbaum

La sesión ordinaria de la Comisión de Anticorrupción no estuvo exenta de paradojas e intensos debates de estrategia partidista. Pese a ser una iniciativa promovida originalmente por la cúpula de Morena, tres de los cuatro legisladores pertenecientes al bloque de la llamada Cuarta Transformación (4T) se ausentaron deliberadamente del pase de lista al momento de iniciar el trámite del juicio político.

A la mesa de debate acudieron puntualmente los diputados de las bancadas del PRI y del PAN, acompañados únicamente por la legisladora morenista Grecia Benavides y la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes. En contraste, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto, el diputado morenista Rodrigo Montemayor y la representante del Partido Verde, Claudia Chapa, decidieron no presentarse en el recinto legislativo.

A nivel federal, la controversia ya escaló a las conferencias oficiales del Poder Ejecutivo. Durante su intervención matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó de forma institucional la polémica y las investigaciones vigentes sobre el mandatario de Nuevo León. Al ser cuestionada por los medios de comunicación, la jefa del Estado mexicano fijó una postura clara en favor de la rendición de cuentas:

“Si se tiene que investigar, pues que se investigue. El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, sentenció la mandataria, desmarcando al gobierno federal de consideraciones de índole político-partidista.