EU advierte: Caso de Rubén Rocha Moya es “sólo el principio”
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes amenaza con perseguir a todo servidor público vinculado al narcotráfico.
Fin de la impunidad: El mensaje directo de Washington a México
La tensión diplomática entre México y Estados Unidos ha escalado a un nuevo nivel de confrontación. Este jueves, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó una advertencia contundente: la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es “sólo el principio”. A través de sus canales oficiales, los legisladores estadounidenses sentenciaron que la era de la impunidad para los narcoterroristas ha llegado a su fin.
El pronunciamiento fue implacable al equiparar el caso sinaloense con figuras internacionales de alto perfil: “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable”. Esta postura refuerza la intención del Departamento de Justicia de EU de perseguir judicialmente a cualquier funcionario involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas hacia su territorio.
Funcionarios de Sinaloa bajo la lupa del Departamento de Justicia
La crisis estalló el miércoles, cuando se desclasificó la acusación contra una red de altos mandos en Sinaloa. Además de Rocha Moya, el expediente señala a Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, y a Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán. Las autoridades estadounidenses vinculan a este grupo con la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, acusándolos de brindar protección institucional a sus operaciones de narcotráfico.
Este movimiento judicial representa una de las acciones más agresivas de la justicia estadounidense contra políticos mexicanos en activo, marcando un precedente que amenaza con extenderse a otros niveles de gobierno bajo la premisa de que cualquier cómplice “será responsabilizado”.
La respuesta de Claudia Sheinbaum: Defensa de la soberanía y exigencia de pruebas
Ante la embestida desde Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de los señalados, rechazando categóricamente las acusaciones. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó las imputaciones como un movimiento con trasfondo electoral o de presión: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, aseguró.
Sheinbaum fue enfática al señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que debe llevar el caso, pero advirtió que para proceder se requieren “pruebas contundentes e irrefutables”. No obstante, mantuvo una postura de legalidad al declarar: “Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. El choque de narrativas entre la soberanía nacional y la justicia transnacional pone a la relación bilateral en su punto más crítico del año.
