Exige a alguaciles colaborar con ICE: Greg Abbott
Texas avanza en una controvertida ley que obliga a los alguaciles a colaborar con ICE, lo que podría institucionalizar prácticas de perfilamiento racial y criminalización de migrantes.
El estado de Texas se encamina a consolidar una de las políticas migratorias más agresivas del país con la aprobación del Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), el cual obligaría a la gran mayoría de los alguaciles a colaborar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso sin delitos federales de por medio.
Aprobada este domingo por la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas, la propuesta se encuentra ahora en el escritorio del gobernador Greg Abbott, quien ha mostrado pleno respaldo a medidas de corte antimigrante durante su administración. Se prevé que la ley sea firmada en los próximos días.
SB-8: Obligación de cooperación migratoria en 234 condados
La legislación exigiría que al menos 234 de los 254 condados de Texas firmen acuerdos formales con ICE, permitiendo a los departamentos del alguacil cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas. El alcance incluye a aquellos que prestan servicios carcelarios, transformando su papel en extensiones operativas de la política federal de deportación.
Según reportó The Texas Tribune, esta cooperación convertiría a las oficinas de los alguaciles en actores clave del control migratorio, sin necesidad de intervención judicial ni mandato federal.
Críticas por violaciones a derechos civiles y uso excesivo de recursos
La iniciativa ha generado fuertes reacciones por parte de organizaciones civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre los riesgos de discriminación racial, perfilamiento étnico y erosión de las relaciones comunitarias.
“La SB-8 no aumentará la seguridad, sino que convertirá a los alguaciles en agentes del ICE, apoyando una campaña de deportación masiva”, denunció Sarah Cruz, estratega de políticas de la ACLU para la frontera sur.
Además, el proyecto ha sido calificado como un uso ineficiente de los recursos locales, ya que desvía personal y presupuesto de tareas de seguridad pública esenciales, al tiempo que desincentiva a víctimas y testigos de delitos a cooperar con la justicia por temor a represalias migratorias.
Texas como laboratorio de políticas migratorias extremas
Un reciente informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) advierte que las políticas implementadas por el gobernador Abbott desde 2021 han servido como terreno de prueba para las estrategias antimigrantes adoptadas por el expresidente y ahora reelecto Donald Trump.
“Texas ha sido laboratorio de políticas indiscriminadas, criminalizantes y profundamente xenófobas que se han expandido a otros estados. La SB-8 es el ejemplo más reciente de esta tendencia”, advierte el documento.
Contexto nacional: Migración y control fronterizo en el centro del debate
El proyecto SB-8 se enmarca en un contexto político donde la migración ha resurgido como tema central del debate nacional, en especial tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. La presión sobre gobiernos estatales fronterizos, como Texas y Arizona, ha llevado a una escalada de medidas unilaterales que algunos expertos califican como una usurpación de facultades federales en materia migratoria.
