Impugnan más de 20 candidaturas judiciales por vínculos e irregularidades
Congreso solicita al INE cancelar registros por nexos penales y falta de idoneidad académica en aspirantes al Poder Judicial.
Los presidentes de las cámaras del Congreso, Gerardo Fernández Noroña (Senado) y Sergio Gutiérrez Luna (Cámara de Diputados), solicitaron este domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas para la histórica elección judicial del 1 de junio, por presuntas violaciones a requisitos constitucionales y éticos.
De acuerdo con la solicitud, 18 aspirantes judiciales están presuntamente vinculados a investigaciones penales federales, algunas por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, subrayó Gutiérrez Luna.
Candidaturas judiciales bajo escrutinio ético y académico
A los señalamientos penales, se suman 8 candidaturas más que, según el Congreso, no cumplen con el promedio mínimo de calificación (8.0) en licenciatura, requisito obligatorio para competir por cargos como jueces, magistrados y miembros del Tribunal Electoral.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, añadió Gutiérrez Luna.
El documento presentado por ambas cámaras detalla que algunas de las personas impugnadas han sido defensoras de individuos relacionados con el crimen organizado, lo que compromete su imparcialidad e implica un conflicto de interés directo.
El presidente del Senado recordó que el pasado 23 de abril había adelantado una impugnación formal por considerar que ciertos “defensores de narcotraficantes” buscan acceder al Poder Judicial mediante las elecciones.
Una elección judicial histórica y bajo lupa
El 1 de junio de 2025, México celebrará su primera elección judicial, donde más de 99 millones de ciudadanos podrán votar por 881 cargos entre 3,422 candidatos, que incluyen puestos en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Las campañas, iniciadas el 30 de marzo, concluirán el 28 de mayo, y han estado marcadas por advertencias de la oposición, la ONU y asociaciones civiles sobre una posible intromisión del crimen organizado y del Poder Ejecutivo en el proceso.
“Preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes impartirán justicia es un deber del Estado”, concluyeron los legisladores en su comunicado.
