Un histórico esfuerzo de conservación entre México y Estados Unidos ha entrado en un terreno de alta incertidumbre. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó de forma oficial al secretario del Interior, Doug Burgum, evaluar en un plazo no mayor a 90 días si el lobo gris y el lobo gris mexicano deben perder la protección que les otorga la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La determinación responde a presiones y reclamos del sector agropecuario por presuntas pérdidas de ganado a causa de ataques en zonas rurales. Sin embargo, la medida reabre una amarga disputa legal y ecológica que pone en jaque un programa binacional de recuperación que ha tomado más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido.

Una población frágil con solo 317 ejemplares en libertad

El impacto potencial de esta orden presidencial es especialmente alarmante para la subespecie mexicana. Actualmente, se calcula que existen apenas 317 ejemplares en libertad en toda la región.

Diversas organizaciones dedicadas a la protección ambiental y biodiversidad advirtieron que la población silvestre padece severos problemas de diversidad genética, por lo que retirar las salvaguardas legales representa una amenaza crítica para su supervivencia:

“El peso de los lobos sobre la industria ganadera ‘palidece’ frente a los efectos de los acuerdos comerciales recientes promovidos por Trump y frente a los problemas que la ganadería del oeste de Estados Unidos enfrenta por las condiciones climáticas cambiantes”, aseveró Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project.

No es la primera vez que la Casa Blanca busca eliminar esta figura de protección. Durante su primer mandato, Trump intentó una maniobra similar, pero un tribunal federal terminó anulando el decreto tras concluir que no existían garantías de que la población pudiera sostenerse sin las leyes de conservación vigentes.

El debate entre compensaciones ganaderas y conservación

Aunque la directiva ejecutiva argumenta pérdidas económicas en el sector ganadero, la orden oficial no precisó el número exacto de ataques registrados ni las entidades federativas donde se focalizaron los incidentes.

Históricamente, los programas estatales y federales en EE. UU. han incluido fondos para compensar monetariamente a los rancheros que comprueben daños por depredación, además de financiar mecanismos disuasivos como:

• Vigilancia activa durante el pastoreo en zonas de riesgo.

• Retiro estratégico de cadáveres de animales para evitar atraer depredadores.

• Uso de dispositivos sonoros y visuales para alejar a las camadas.

Grupos ambientalistas insisten en que la solución no es abrir la puerta a la caza o desprotección legal, sino canalizar mayores recursos a estas alternativas de coexistencia. Mientras corre el reloj de los 90 días, la comunidad científica permanece en alerta máxima ante el futuro de la fauna silvestre en la frontera.