Localizan a electricistas de SLP y cae jefe de seguridad de Matehuala por secuestro
La detención de Jorge Eduardo “N” y el exdirector de comercio, Pablo “N”, revela una red de extorsión y vínculos con el crimen organizado.

Infiltración criminal en el mando policial
En un operativo que sacude los cimientos políticos de la zona norte de San Luis Potosí, las autoridades estatales capturaron a Jorge Eduardo “N”, director de Seguridad Pública de Matehuala. El funcionario es señalado por su presunta vinculación con un grupo criminal responsable de la desaparición de siete electricistas, quienes afortunadamente fueron hallados con vida tras un intenso despliegue de búsqueda.
Al momento de su aprehensión, al jefe policial se le incautaron 52 bolsas de marihuana, dosis de cristal y un vehículo oficial. Este arresto no fue aislado; en una acción paralela, se puso bajo custodia a Pablo “N”, conocido como “El Lic”, exdirector de Comercio municipal y líder sindical, a quien se identifica como el presunto autor intelectual del secuestro de los trabajadores para presionar el pago de una extorsión a un contratista.
El calvario de los obreros de Cárdenas
El grupo de electricistas, integrado por siete hombres de entre 20 y 38 años originarios de Cárdenas, había llegado a Matehuala el 16 de marzo para realizar labores de construcción. Tras mantener contacto regular con sus familias, la comunicación se interrumpió abruptamente el sábado 21 de marzo. El móvil del crimen, según investigaciones preliminares, apunta a una represalia económica: ante la negativa de un empresario de pagar una “cuota” exigida por Pablo “N”, este habría ordenado la captura de los obreros.

La localización de los trabajadores se logró este lunes gracias a un cerco de seguridad que impidió a los captores abandonar la ciudad. El gobernador Ricardo Gallardo confirmó que los siete hombres se encuentran en condiciones óptimas de salud y enfatizó la gravedad de la infiltración institucional: “Tiene que haber consecuencias de lo que sucedió aquí en Matehuala. No es la primera vez que sucede”, sentenció el mandatario.
Estado de derecho vs. corrupción municipal
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de la carretera federal 57 y las zonas urbanas del Altiplano ante la asociación delictuosa entre servidores públicos y células criminales. Además de los directivos, al menos otras cinco personas han sido detenidas, enfrentando cargos por secuestro, extorsión y posesión de drogas.
La administración estatal ha desplegado a más de 600 elementos para blindar la región, mientras la Fiscalía profundiza en las redes de complicidad que permitieron que el máximo responsable de la seguridad en el municipio se convirtiera en un operador de la delincuencia. La consigna oficial es clara: aplicar “todo el peso de la ley” ante una traición a la confianza ciudadana que casi cuesta la vida a siete ciudadanos trabajadores.
