PRI impugna elección judicial ante el INE y exige anulación
Alejandro Moreno acusa simulación, relleno de urnas y ruptura de la división de poderes; llevarán caso a instancias internacionales si no hay nulidad.
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este lunes un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la nulidad de la reciente elección judicial, en la que se eligieron jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que la votación fue una “simulación” y una “herida mortal a la democracia”, al asegurar que el proceso violentó la división de poderes y se desarrolló entre irregularidades graves.
PRI denuncia irregularidades: relleno de urnas y casillas zapato
Acompañado por los coordinadores priistas Manuel Añorve (Senado) y Rubén Moreira (Cámara de Diputados), Moreno denunció que el INE excluyó 818 casillas del cómputo por inconsistencias como:
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Relleno de urnas
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Casillas zapato (votación unánime)
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Participación superior al 100%
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Y el uso masivo de “acordeones” con instrucciones de voto
“Fue una ruta perversa que violenta la voluntad ciudadana. La elección judicial fue una farsa”, declaró Moreno en conferencia de prensa.
PRI advierte: acudirá a la CIDH si el TEPJF no actúa
El líder del PRI advirtió que, de no prosperar su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acudirán ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La única salida constitucional y democrática es la nulidad del proceso. Las leyes permiten anular una elección cuando se comprueban irregularidades graves y determinantes”, sostuvo.
División de poderes, el eje del reclamo
El argumento central del PRI es que esta elección judicial rompe con el principio constitucional de separación de poderes, al permitir que un mismo grupo político influya en las decisiones del Poder Judicial, debilitando su independencia y autonomía.
El juicio busca que el TEPJF reconozca el conjunto de fallas como suficientes para invalidar los resultados y frenar la toma de protesta de los ministros y magistrados electos, prevista para el próximo 1 de septiembre.
