sábado, 07 de marzo de 2026

Proveedor del Gobierno de Tamaulipas, uno de los 26 extraditados a EU por narcotráfico

José Francisco Mendoza Gómez recibió contratos millonarios de la administración de Américo Villarreal antes de ser enviado a Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos criminales.

Por: Nosotros WebStaff , En: Estados Portada , Día Publicado: 14 agosto, 2025

José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reos extraditados a Estados Unidos por el gobierno mexicano, figura como proveedor del gobierno de Tamaulipas durante la administración de Américo Villarreal. Según una investigación del medio local Artículo 7, Mendoza Gómez recibió contratos por más de 70 millones de pesos a través de las empresas JF Konstruyendo, S.A. de C.V. y Megamax, S.A. de C.V., registradas también a nombre de su pareja, Perla Yasmin Garza Quintanilla.

La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas adjudicó tres contratos por 37 millones 640 mil pesos a JF Konstruyendo y otros 30 millones 393 mil pesos a Megamax, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

De contratista a reo de alta peligrosidad

Mendoza Gómez fue detenido en diciembre por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de posesión de drogas, y era buscado por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico. Desde 2019, él fue nombrado administrador y representante legal de JF Konstruyendo, aunque la empresa aparece formalmente a nombre de dos mujeres.

Foto: Screenshot

Este martes, el gobierno federal anunció la extradición de 26 internos a prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. Entre ellos, figuran líderes criminales como “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y “El Cuini”, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Posible cadena perpetua en EU

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mendoza Gómez podría enfrentar cadena perpetua por cargos que incluyen narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, homicidio y lavado de dinero.

Su caso destapa un nuevo capítulo en la polémica sobre contratos públicos otorgados a personas con presuntos vínculos criminales, y abre interrogantes sobre los filtros de seguridad en las licitaciones del gobierno estatal.

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