Sheinbaum pide pruebas a EU tras señalar que ganancias de “huachicol” financian campañas
La presidenta mexicana exigió pruebas tangibles al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Defendió los avances en aduanas y el incremento de ventas en Pemex como evidencia de efectividad.
Tensión binacional por acusaciones de financiamiento electoral
La relación bilateral entre México y los Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de fricción retórica y diplomática en materia de seguridad y fiscalización. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó de manera categórica las afirmaciones emitidas por agencias estadounidenses que vinculan los ingresos del contrabando de combustibles con el financiamiento de actividades proselitistas. La controversia escaló luego de que la Casa Blanca sugiriera nexos entre el crimen organizado y el aparato político local.
El núcleo del desacuerdo institucional radica en un informe donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sostuvo que las organizaciones criminales utilizan el dinero ilícito derivado de la venta de “huachicol” fiscal para impulsar a políticos en México, con el objetivo de asegurar impunidad operativa y adjudicarse contratos públicos que faciliten el lavado de dinero. Ante esta postura, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó la intencionalidad del comunicado y la falta de canales oficiales de comunicación previa:
“No entendemos la parte de cuando informan de las campañas, porque eso nunca fuimos informados, y además, ¿qué pruebas tienen? (…) este tema de las campañas no entendemos a qué viene, sí, lo digo muy francamente”
La exigencia de evidencias y el antecedente de sanciones bancarias
Durante su encuentro con los medios de comunicación, la mandataria mexicana insistió en que cualquier señalamiento de tal magnitud debe venir acompañado de carpetas de investigación sólidas y evidencias verificables. Comparó este panorama con recientes determinaciones financieras internacionales, calificando de medida “unilateral” el bloqueo y las alertas emitidas previamente por el Departamento del Tesoro en contra de instituciones crediticias de amplia presencia en el país, tales como CIBanco, Intercam y Vector.
La reacción gubernamental ocurre a pocas horas de que Washington hiciera públicas sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas comerciales ligadas al robo de hidrocarburos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el gobierno de México ha colaborado en el congelamiento de cuentas de dicho entramado, la Presidencia de la República ha marcado una clara línea divisoria respecto a las interpretaciones políticas que la Unión Americana ha derivado de estas pesquisas financieras.
Defensa de la estrategia de seguridad y el repunte de Pemex
Frente a las críticas externas sobre el control fronterizo, el gobierno federal defendió los indicadores de su estrategia de combate al mercado ilícito de energéticos. Sheinbaum aseguró que la actual administración ha logrado reducir “sustancialmente” el impacto del contrabando técnico mediante una reconfiguración de los esquemas de vigilancia en aduanas, auditorías rigurosas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el cumplimiento de órdenes de aprehensión coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la visión del Ejecutivo, el indicador económico más robusto para contradecir los informes de las agencias de inteligencia norteamericanas radica en el fortalecimiento operativo de la petrolera estatal.
“Se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible y de hecho ha bajado, la mejor prueba es que están subiendo las ventas de Pemex”, aseveró la presidenta.
Con este argumento, el Gobierno de México busca encapsular el problema como un reto estrictamente delictivo y aduanero, rechazando cualquier intento de politización internacional del combate al crimen organizado.
