Suprema Corte avala la extinción de más de 100 fideicomisos
Los ministros respaldaron por unanimidad los proyectos de Arístides Guerrero García que desestiman las impugnaciones de ocho estados de la oposición.
En una sesión histórica que cierra un capítulo jurídico de más de cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que fue constitucional la extinción de más de 100 fideicomisos federales. La medida, propuesta originalmente en noviembre de 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba concentrar recursos para atender la emergencia sanitaria de la Covid-19 y fortalecer la política de austeridad.
Los ministros del máximo tribunal aprobaron por unanimidad ocho proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero García, los cuales propusieron la validez del decreto. Al dictar sentencia, la Corte reconoció la legalidad de la desaparición de estos fondos, argumentando que las entidades federativas que promovieron las controversias no sufrieron una invasión de facultades o una afectación directa a su patrimonio.
El rechazo a las impugnaciones de la oposición
Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, que en 2020 eran gobernados por bloques de oposición, presentaron impugnaciones contra el decreto. Las entidades alegaban que la desaparición de fondos destinados a la ciencia, cultura, deporte, atención a víctimas y cambio climático vulneraba el federalismo.
Sin embargo, el ministro ponente fue enfático al señalar la falta de sustento técnico en las quejas: “Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre lo que consideraron bondades de los fondos y fideicomisos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución”. Con este fallo, se legitima el manejo de más de 68 mil millones de pesos que fueron concentrados en la Tesorería de la Federación.
Posturas divididas sobre atención a víctimas
A pesar de la votación unánime en lo general sobre la validez del decreto, el debate interno mostró matices. La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue la única que se pronunció abiertamente en contra de eliminar de manera absoluta el fideicomiso de atención a víctimas, subrayando la necesidad de garantizar recursos específicos para la reparación integral del daño, aunque finalmente votó a favor de los proyectos de resolución que desestimaban las quejas de los gobernadores por falta de interés legítimo.
Con esta resolución, la Suprema Corte pone fin a las disputas legales sobre uno de los decretos más polémicos del sexenio anterior, confirmando que el Ejecutivo Federal tiene la facultad discrecional para reorganizar la administración de los recursos públicos siempre que no se violen competencias estatales.
