Vicealmirante y marinos vinculados a proceso por “huachicol fiscal” en Tamaulipas
La FGR acusa a Manuel Roberto Farías Laguna y a nueve marinos de integrar una red que permitió el ingreso ilegal de diésel disfrazado como aditivos en puertos mexicanos.
La justicia federal vinculó a proceso a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y a otros nueve elementos de la institución, señalados de operar una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal habría permitido el ingreso de millones de litros de diésel al país disfrazados como aditivos, ocasionando un grave daño económico a México.
Audiencia en el Altiplano: acusaciones y pruebas clave
La audiencia se desarrolló entre el lunes y la madrugada del martes en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras la detención de los sospechosos la semana pasada.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una narrativa que describe una organización con amplia capacidad operativa y financiera, respaldada por la presunta complicidad de servidores públicos y militares en activo e inactivos.
El vicealmirante Farías Laguna habría fungido como pieza central de la red, autorizando perfiles de colaboradores, coordinando acciones en distintas aduanas y avalando movimientos estratégicos de personal.
Otros acusados, identificados como Climaco N. y Humberto N., habrían desempeñado funciones de mando y facilitación de operaciones en puntos clave.
Testigos protegidos y operaciones millonarias
La acusación se fortaleció gracias a los testimonios de un testigo protegido apodado “Santo” y de colaboradores señalados por las siglas JH y HRV, quienes detallaron que entre 2024 y 2025 ingresaron más de 32 buques con diésel registrado como aditivos, evitando así el pago de impuestos.
Las operaciones habrían impactado en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México, e involucraron también a empresarios locales y personas jurídicas que facilitaron transferencias de fondos para encubrir el contrabando.
Un testigo asesinado y prisión preventiva
El caso tomó relevancia tras la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, testigo clave, quien dejó un manuscrito con información crucial antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.
Tras una audiencia de más de 18 horas, el juez reclasificó los delitos a delincuencia organizada con fines de contrabando de hidrocarburos y dictó prisión preventiva justificada a los 10 marinos, quienes permanecerán detenidos durante un periodo de seis meses mientras continúan las investigaciones.
El grupo imputado incluye a Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”.
El domingo, Omar García Harfuch informó que en total son 14 los detenidos, por lo que en las próximas horas podrían judicializarse más casos.
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