Vinculan a proceso a exsecretaria de Bienestar en Tamaulipas
Se le acusa por el uso ilícito de atribuciones en contratos de 985 millones de pesos. La exfuncionaria identificada bajo las siglas “YAC” enfrentará el caso en libertad debido a un amparo federal.
El combate a las presuntas irregularidades financieras de las pasadas administraciones en el noreste del país ha sumado un capítulo judicial de alta relevancia. La exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, identificada bajo las siglas “YAC”, fue formalmente vinculada a proceso penal. La determinación de la autoridad judicial se fundamentó en la existencia de elementos probatorios suficientes que la presumen responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pesar del impacto de los señalamientos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la exservidora pública no ingresará a un centro de reclusión y continuará el desahogo de las etapas procesales en libertad. Esta condición obedece a las suspensiones provisionales que sus representantes jurídicos tramitaron ante los juzgados de distrito de la entidad. El dictamen representa un precedente significativo dentro de las indagatorias de corrupción en Tamaulipas, manteniendo la atención de la opinión pública nacional debido a la magnitud del daño patrimonial que se encuentra bajo escrutinio técnico.
Los montos bajo investigación: Adjudicaciones directas de despensas
El núcleo de la imputación ministerial se concentra en la presunta omisión de los lineamientos de transparencia económica fijados por la normativa local. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la exfuncionaria autorizó de manera irregular diversos compromisos comerciales, eludiendo la obligación de convocar a un proceso formal de licitación pública nacional para el abastecimiento de insumos sociales.
La carpeta de investigación detalla la asignación directa de cuatro contratos destinados al suministro de 2 millones 400 mil despensas de carácter alimentario. Estos convenios formaban parte de las metas operativas del programa “Bienestar alimentario” y significaron un desembolso al erario estatal por la cantidad exacta de 985.2 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron comprometidos sin respetar los topes de ley vigentes durante el ejercicio fiscal bajo escrutinio.
La defensa alega vacíos en la Ley de Adquisiciones y deslinda responsabilidades
Durante el desarrollo de la prolongada sesión en el tribunal de control, el equipo técnico de la defensa desplegó un detallado informe de carácter contable para neutralizar los argumentos de los fiscales. El cuerpo de litigantes aseveró que la acusación formulada por el Ministerio Público resulta “ambigua, oscura y sobreabundante”, además de carecer de congruencia interna respecto a las funciones administrativas reales de la entonces secretaria de Bienestar.
“La defensa de ‘YAC’ señaló que la Fiscalía no ha demostrado que hubiera un uso ilícito en las atribuciones de su representada, manifestaron que en ningún momento se violentó de manera consciente lo establecido en la vigente Ley de Adquisiciones del Estado”
Los abogados argumentaron que, si bien su defendida encabezaba la dependencia de política social, no poseía las facultades legales específicas para concretar la adjudicación final de contratos de proveeduría. Asimismo, recalcaron que el Comité de Compras y Operaciones de la secretaría —donde ella participaba como secretaria técnica— operaba como un órgano colegiado compuesto por múltiples servidores públicos.
Medidas cautelares frenadas por el juicio de amparo
El desahogo de la audiencia judicial requirió varias horas de debate técnico e intervalos de receso decretados desde el estrado. Al concluir las exposiciones de las partes, la Jueza de Control, Gloria Paloma Gómez de la Cruz, procedió a dictaminar de manera oficial el auto de vinculación a proceso en contra de la investigada.
Aunque en las fases iniciales de la audiencia se había puesto sobre la mesa la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, “YAC” no pisará los centros penitenciarios en el corto plazo. La exfuncionaria del estado mantiene plenamente vigente una protección constitucional derivada del amparo federal radicado dentro de la carpeta judicial 733/2025, el cual detiene de manera provisional los efectos restrictivos de la libertad personal dictados en el fuero común.
